Jarro de agua fría desde Bruselas para sobrellevar los bochornos primaverales de Jaén. «La CE descarta activar las ayudas al almacenamiento privado», recoge un despacho de la agencia EFE que cita fuentes comunitarias. Así que toca... resignarse. La decisión de la CE es trascendente por el fondo y por la forma. Por el fondo, porque se hace oídos sordos al clamor de los olivareros. Y por la forma, porque la CE se ha pronunciado sin existir, ni tan siquiera, una petición oficial por parte del Ejecutivo español. Evidentemente esta forma de proceder ha encolerizado, todavía más, a los oleicultores que, según los datos de la oficina de estadística de la UE, el año pasado perdieron un 26 por ciento de sus ingresos por los precios ruinosos del 'oro líquido'. Llueve sobre mojado: las cotizaciones medias del producto esta semana se sitúan ya por debajo de la barrera psicológica de los 1,80 euros por kilogramo, muy lejos de ese umbral de 2,20-2,40 que marca la rentabilidad para la mayor parte de las explotaciones jienenses.

El asunto tiene una trascendencia política enorme. Dos posiciones claramente enfrentadas en el seno del Partido Socialista. Por una parte, Madrid. Y por otra, Sevilla. Mientras que la ministra Elena Espinosa ha insistido en que no se realizará ningún trámite ante el Colegio de Comisarios hasta que las cotizaciones no bajen de los mínimos que recoge la Organización Común de Mercado (OCM) -1,52 para lampantes, 1,71 para vírgenes y 1,80 para extras-, la consejera Clara Aguilera ya se ha quitado la careta y reclama «responsabilidad» y «trabajo» al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Sí, como lo oyen. Lo comentó el pasado miércoles en el transcurso de un acto en Dos Hermanas. Declaró que, aunque no se dan los requisitos para poner en marcha la intervención de forma automática, «hay muchas medidas que se pueden hacer». «Yo no estoy dispuesta a que se pierda renta en el sector, me niego», señaló Aguilera, quien recordó que la economía de más de 300 pueblos andaluces dependen de esta actividad. La responsable autonómica de Agricultura aseguró que «la Junta no se va a quedar parada», y añadió que la línea de actuación será la demostración de que existen perturbaciones graves en el mercado, la otra alternativa que recoge la OCM para decretar el almacenaje.

Indignación

Mientras tanto, la indignación entre los productores es más que latente. Así lo demostraron en la reunión informal de Ministros de Agricultura de la UE, desarrollada en Mérida este martes, y así lo expresaron ayer, tras conocer las intenciones de la CE. El tema despierta tanta sensibilidad -son muchas las plantaciones que se están abandonando por falta de viabilidad- que las tres organizaciones más representativas del campo, Asaja, UPA y COAG, con el apoyo también de las cooperativas, han optado por actuar al alimón. Todos a una. Sin brechas. Sin cruzarse acusaciones.

Respecto a la negativa de la CE, el gerente de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, negó este jueves la mayor. «Mientras que el Gobierno no curse la solicitud, la CE no puede manifestarse en ningún sentido», poniendo en duda la verosimilitud de la filtración. Y reiteró que se trata de una responsabilidad de Espinosa, «que es la representante legítima y la que tiene que cumplir con los procedimientos». «Hasta que ella no lo haga, no tiene ninguna validez lo que se diga desde la CE», indicó Valero, quien destacó la existencia de «un frente común desde Andalucía».

El secretario general de COAG-Jaén, Rafael Civantos, opina que la posición del Ministerio es «lamentable». «Que me expliquen a mí como es posible que estemos por debajo de los 1,80 euros en origen con más de 120.000 toneladas mensuales de consumo», expuso. Preguntado sobre la posibilidad de movilizaciones a corto plazo, tal y como anunciaron en Jaén las propias organizaciones agrarias el pasado 6 de mayo, que dieron un plazo de «diez a quince días», Rafael Civantos reconoció que difícilmente se podrán organizar protestas antes del otoño