La cita era en Mérida, donde se celebraba el Consejo Informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Unos 2.000 olivareros jienenses, según estimaciones de las propias organizaciones agrarias, se desplazaron ayer hasta la ciudad pacense para denunciar la «cobardía» del Gobierno por no pedir el almacenamiento privado, el único sistema que permitiría la apreciación a corto plazo del 'oro líquido', encallado por debajo de los 2 euros desde hace varios meses -este martes las cotizaciones medias en origen se situaban en 1,82 euros por kilogramo-.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, lamentó que el Ejecutivo esté haciendo oídos sordos a las peticiones del sector, máxime cuando España ostenta la presidencia de la Unión Europea. El gerente de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, se mostró muy satisfecho con la respuesta de los oleicultores jienenses -una veintena de autobuses y decenas de vehículos particulares- e insistió en que «o se dan soluciones reales o el campo entero se levantará de forma aún más drástica el próximo otoño». Por todo ello, los 15.000 manifestantes solicitaron la dimisión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Pero aunque los problemas del aceite de oliva estuvieron muy presentes a lo largo de la jornada, los verdaderos motivos de la movilización fueron otros que también afectan directamente a una provincia como Jaén, con una economía que gravita en gran medida sobre el agro. Se trataba de exigir una Política Agraria Común (PAC) fuerte y sólida, con un presupuesto suficiente para garantizar el futuro de una actividad estratégica de la que depende la seguridad alimentaria de 500 millones de consumidores europeos. También se reclamaron precios justos para las cosechas, ligados a los costes de explotación, y una mayor participación de los productores en la cadena de valor agroalimentaria para luchar contra los abusos de poder de las grandes cadenas de distribución, «que aprovechan su posición de dominio».

Otras peticiones fueron «una apuesta decidida por la preferencia comunitaria, un férreo control de las importaciones, establecimiento de medidas de regulación de los mercados, rediseño de los mecanismos de intervención y que los productos de terceros países cumplan las mismas condiciones que los generados en la UE, a fin de evitar la competencia desleal».

La ministra Espinosa recordó, por su parte, que el 80 por ciento del territorio de la UE es rural, de modo que si se abandona, «las consecuencias serán gravísimas desde el punto de vista medio ambiental». Por ello, abogó por políticas que faciliten la incorporación de un mayor número de jóvenes a la agricultura y la ganadería.