Ayer no fue el mejor día para 40.000 de los 230.900 hogares de la provincia. A eso de las 9,15 horas el presidente Zapatero anunciaba que las retribuciones de los funcionarios bajarían un promedio del 5 por ciento a partir de junio y adelantaba también una congelación salarial para este mismo colectivo en 2011. La noticia corrió como la pólvora entre oficinas, despachos, hospitales, centros de enseñanza, sedes judiciales... allí donde trabajan cada día los 40.213 servidores públicos que hay en la provincia -esas 40.000 familias en números redondos citadas al principio de esta información-. La respuesta mayoritaria fue de indignación. Sí, indignación por considerarse cabeza de turco de una situación no propiciada por ellos. Otros, bastantes menos, se lo tomaron con resignación, sobre todo los más antiguos, plenamente conscientes de que en circunstancias tan complicadas como éstas siempre terminan pagando el pato los mismos, o sea ellos. Y, también hubo algunos, muy pocos todo sea dicho, que mantuvieron una actitud comprensiva hacia la decisión adoptada y hacia el sacrificio requerido por el jefe del Ejecutivo. En cualquier caso, las conversaciones a la hora del café fueron de las más encendidas y altisonantes que se recuerdan. ¿El objetivo? Reducir el déficit al 3 por ciento en 2013 para cumplir con el pacto de estabilidad.

Vayamos por partes. En primer lugar, analicemos quiénes componen ese heterogéneo grupo de potenciales damnificados. Por aquello del Estado de las autonomías y la descentralización del poder, la Junta de Andalucía es, con gran diferencia, la que tiene mayor plantilla. Hablamos de 22.111 de los 40.213 afectados, un 55 por ciento en términos relativos. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, afirmó este miércoles que la rebaja del 5 por ciento tendría incidencia sobre unos 200.000 empleados dependientes de las distintas consejerías. Martínez Aguayo dijo que la propuesta, que será sancionada este viernes por el Consejo de Ministros, le parecía «razonable y responsable». Pero al tratarse de una medida aplicable al conjunto del «sector público» -éste fue el término utilizado por Zapatero-, tampoco se librarán los 12.483 trabajadores de los 97 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Jaén, los 4.220 de la Administración General del Estado y los 1.399 de la Universidad.

¿Cuánto supone ese 5 por ciento? Pues depende de los honorarios que perciba cada uno. La media ronda los 36.000 euros brutos anuales, por lo que la detracción sería de unos 1.800 euros. Conviene insistir en que se trata de aproximaciones. Resulta completamente imposible concretar mucho más habida cuenta de la infinidad de categorías, escalas, complementos y demás capítulos que se tienen en cuenta a la hora de calcular las nóminas. Los sindicatos han advertido del varapalo que el 5 por ciento significa para los grupos profesionales más bajos, que a duras penas alcanzan los 1.000 euros mensuales y que ya tenían una capacidad de gasto bastante limitada.

¿Economía en la picota?

Estamos, por tanto, ante un problema para las pecunias familiares, que tendrán que estrecharse el cinturón, pero también para la economía. Las restricciones del gasto de los consumidores más fiables -los que tienen sus ingresos asegurados- supondrá probablemente una merma en el consumo justo en el momento en que los indicadores mostraban una mejoría tras más de dos años de fuerte crisis. Menos demanda, menos ventas, menos actividad productiva. Dificultades para las empresas. La capital merece un comentario aparte, al concentrar el 21,6 por ciento del funcionariado -se incluye también el personal laboral-. Sirva como referencia el hecho de que 8.678 de sus 116.557 habitantes cobran de lo público. Si se realiza esta valoración en términos de población activa -mayores de 16 años-, la repercusión es, sencillamente, enorme.

Pero el plan de austeridad va más allá. La eliminación de los 2.500 euros por nacimiento y adopción a partir del 1 de enero perjudicará a unas 7.100 madres en 2011 -la cifra se ha extraído de las estadísticas de natalidad-. También se le complican las cosas a los 130.894 pensionistas, con el agravante de que la percepción media en Jaén es de las más bajas, 665,51 euros, frente a los 775,30 euros del resto de España y los 712,44 de Andalucía. Tan sólo las mínimas y las no contributivas subirán en función del IPC. Las otras no se actualizarán, por lo que la pérdida de capacidad adquisitiva dependerá de cómo evolucione la inflación. Y por último, otro vector importante es el de las inversiones comprometidas. En principio, según fuentes parlamentarias del Partido Socialista, no peligra ninguna de las infraestructuras que están en marcha -las partidas figuran anualizadas en los presupuestos-, pero no se han definido, sin embargo, sobre las grandes obras que están pendientes. «Es pronto para decirlo», indicaron.