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El Ayuntamiento de Baeza intentó, ayer, llevar a efecto el anunciado precinto de parte de las instalaciones de la orujera. El motivo, según el alcalde, Leocadio Marín, es la negativa de la firma a permitir la operación. El responsable municipal anuncia que llevará el asunto ante la Fiscalía. El anunciado cierre de las instalaciones de la orujera de Oleícola Jaén en el término baezano no pudo llevarse a efecto ayer.

Como relata Marín, por la mañana, agentes de la Policía Local se personaron en el recinto con el fin de colocar el precinto. Sin embargo, añade, los responsables de la compañía no permitieron que se llevara a cabo la intervención.

Ante el panorama, la máxima autoridad baezana precisa que la cuestión llegará hasta los tribunales. En este sentido apunta que, mañana, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que esta tome las medidas oportunas.  Respecto a la decisión de la compañía de emprender un proceso contencioso-administrativo ante  la medida, Leocadio Marín no se muestra preocupado y precisa que, mientras que el pleito adelantado por los titulares de la planta va por un cauce, el de las acciones previstas por la Administración discurrirá por la vía penal. Sin embargo, declina hacer más valoraciones sobre el comunicado de la empresa y se remite a la rueda de prensa que prevé ofrecer mañana.

El texto de Oleícola Jaén llama la atención sobre los “cien padres de familia que se verán perjudicados, teniendo que sumergirse en el paro más absoluto por lo menos cincuenta trabajadores, con la inaceptable y antisocial actuación del señor alcalde”. La dirección no duda en calificar la situación de “lamentable, espinosa e injusta, sin fundamento legal alguno”. Además asevera que las instalaciones no carecen en modo alguno de las preceptivas licencias municipales. También deja claro que mantiene su actividad al cien por cien. A juicio de los representantes de la compañía, la suspensión de actividad y el precintado implicaría “coartar” la libertad para que las instalaciones mantengan sus funciones normales y tilda de “no ajustada a Derecho” la decisión municipal, causa que mueve a la firma a presentar el recurso en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar la suspensión de los acuerdos referentes al precintado. También acusan al Ayuntamiento de violar “la tutela efectiva de jueces y tribunales” estipulada en la Constitución.

Por último, para el consejo de administración, “en tiempo en que existe en España, lamentablemente, una situación de paro verdaderamente elevada y excepcional de millones de trabajadores”, la acción de Leocadio Marín “lesiona, de forma clara e irreversible”, los principios que sostiene en estos momentos el Gobierno para evitar el desempleo entre los españoles.